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España: Expropian tierras a agricultores para montar parques fotovoltaicos

Un macrocampo de placas solares amenaza casas, campos de olivo y viñedos mientras el ayuntamiento hace caja con la recalificación de terrenos.

Pilar pasea por su campo de olivos centenarios situado en las afueras de Méntrida (Toledo). Los árboles ya estaban ahí en 1880, cuando su bisabuelo compró las tierras. Desde entonces, toda la familia ha acudido anualmente para recoger la oliva, en carros primero y en camionetas después. «Era un día alegre, nos lo pasábamos muy bien. Luego llevábamos las olivas a la almazara del pueblo y hacíamos un aceite excelente que nos duraba un par de años».

Lejos, entre los árboles, se ve un par de liebres y alguna perdiz. En el cielo, un milano real planea sobre los campos donde solo se oye el murmullo de las hojas plateadas agitadas por el viento de una tarde soleada de invierno. Pilar aun no puede comprender por qué hay que talar un olivar con más de 160 años de historia para instalar placas solares de producción de energías renovables. «Lo llaman ecología, pero no lo es. Es negocio.»

El campo de Pilar es una de las muchas parcelas incluidas en los siete proyectos fotovoltaicos que las empresas españolas Solaria, Prodiel y la francesa RedenSolar (Viridi le vendió el proyecto en enero) quieren construir en Méntrida y La Torre de Esteban Hambrán. En total se trata de 4.500 hectáreas cubiertas por placas solares, subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión, prácticamente el 25% de la superficie de ambos términos municipales. El problema es que, al igual que Pilar, muchos vecinos no quieren vender sus tierras y se las van a expropiar, con una recalificación de suelo rural de por medio.

Recalificación y expropiación
«Nos dimos cuenta de que las empresas estaban pidiendo unos informes de compatibilidad urbanística al ayuntamiento con un listado de parcelas incluidas sin el conocimiento y el consentimiento de los propietarios», explica Juan Portillo, fundador y portavoz de la asociación Salvemos los Campos. El ayuntamiento, gobernado por Alfonso Arriero (PSOE), concluyó en su informe que el proyecto para instalar una planta solar fotovoltaica «no está prohibido por el planeamiento municipal» y «es un uso permitido en suelo rústico de reserva».

Ahora es cuando surgen dos conceptos sumamente importantes: la recalificación de terrenos y la declaración de utilidad pública. En primer lugar, para poder montar una planta fotovoltaica en suelo rústico, es necesario recalificar el terreno para convertirlo en suelo industrial, con el correspondiente pago al ayuntamiento (y estamos hablando de más de 2.000 hectáreas solo en Méntrida).

En segundo lugar, los promotores solicitan la declaración de utilidad pública para su proyecto, una calificación que concede la propia administración que tramita el proyecto fotovoltaico y que prácticamente va de serie teniendo en cuenta que se trata de un «plan verde para fomentar de la energía renovable». Una vez que el suelo se considera de utilidad pública, ya se puede expropiar hasta un 25% de la propiedad privada donde se ubicará el proyecto, siempre y cuando la empresa consiga por su propia cuenta un 75% del territorio.

«Esto es un saqueo»
Se desconoce el total de propietarios en riesgo de expropiación. Lo van descubriendo a medida que se publican en el BOE los listados de parcelas incluidas en el proyecto. «Hay decenas de afectados. Se incluye la casa de algunas personas, hay urbanizaciones que quedan totalmente rodeadas de placas solares y hay gente que le tendrá que vivir con torretas de alta tensión muy cerca», explica Portillo.

La finca de José Antonio y Eva está incluida en el proyecto y quedará cubierta por un campo gigante de placas solares. La pareja abandonó Alcorcón hace seis años para iniciar un nuevo proyecto de vida y una macroplanta de energías renovables amenaza con expulsarles del campo. «Llegaremos hasta donde haga falta», dice desafiante José Antonio, «es nuestra propiedad y esto es un saqueo».

Eva señala una fila de nogales plantados este mismo año al lado de una ladera donde apenas se ven los primeros brotes de cereal. «No lo entendemos. Esto no es una carretera que tiene que pasar por un sitio concreto. Esto es el sol y el sol está en todas partes», dice. «Aquí hay dos derechos constitucionales que se nos están pisoteando: el derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo. Porque este es nuestro modo de vida», añade José Antonio.

Amenaza a la D.O. Méntrida

Cuando Eva y José Antonio se enteraron de que su propiedad se iba a convertir en un campo de placas, avisaron a su vecino Jesús, un viticultor veterano con 50 hectáreas de viñedo no muy lejos de allí. Para su sorpresa, descubrió que sus tierras también estaban incluidas en el proyecto. «Me enfadé. Ves que tus tierras aparecen ahí puestas, sin contar contigo y sin autorización de nadie».

Precisamente Méntrida da nombre a una Denominación de Origen que incluye a 51 pueblos de Toledo célebres por sus vinos tintos y rosados. Alejandro cuenta con unas 40 hectáreas de viñedo con denominación de origen y teme que los proyectos fotovoltaicos acaben con su negocio. «Si me rodean la tierra de placas, mi distribuidor de Estados Unidos no me va a comprar el vino».

Irónicamente, el ayuntamiento inauguró el pasado mes de octubre el Museo del Vino de Méntrida y planea organizar una ruta del vino para fomentar el turismo rural. «Explícame qué sentido tiene, si te vas a quedar sin viñedos y solo va a haber placas. Esto va a ser la ruta de las placas», dice Alejandro.

Los vecinos y la asociación Salvemos los Campos piden una regulación para este tipo de proyectos «descontrolados» y una moratoria hasta que se actualice la regulación de ordenación municipal. «Los políticos tienen que darle una vuelta. Con el boom de la construcción casi se cargan el pueblo y las placas le van a dar la puntilla», lamenta Alejandro.

Águilas al rescate
El proyecto se encuentra en fase de alegaciones. Posteriormente el Ministerio de Transición Ecológica decidirá si otorga la Declaración de Impacto Ambiental. Y si la cosa sigue adelante, desde la asociación Salvemos los Campos aseguran que acudirán a la vía contencioso administrativa.

Afortunadamente, Méntrida es zona de paso y de anidación del águila imperial ibérica, avutarda euroasiática, buitre negro, carraca europea, cernícalo primilla, milano real, gangas ibérica y ortega, y aguiluchos pálido, cenizo y lagunero. La protección de estas especies amenazadas es lo que ha motivado a SEO/BirdLife para entrar en la contienda y presentar sus propias alegaciones.

Así que la gran esperanza de los mentridanos amenazados de expropiación podría estar ahora mismo en las aves, cuyos derechos parecen estar mejor garantizados que la propiedad privada.

Fuente: libremercado.com

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