El enganche masivo de instalaciones provoca graves distorsiones, como luz a cero euros o luz que se tira porque sobra y no se sabe que hacer con ella.
Las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa y Naturgy, y las empresas de renovables, como Acciona Energía, Solaria, Grenergy, Ecoener o Forestalia, se vienen enfrentando desde hace semanas a situaciones inimaginables hace apenas un año.
Las compañías que preparan nuevas plantas de energías renovables, tanto eólicas como solares, alertan de que cientos de proyectos están en peligro y a punto de desaparecer por el colapso de la Administración. Las empresas energéticas han presentado una auténtica avalancha de solicitudes de nuevas instalaciones verdes para conseguir determinados permisos administrativos para seguir adelante con ellos. Pero los plazos para obtener las autorizaciones están cerca de agotarse y el atasco burocrático, especialmente en las comunidades autónomas, es tal que pueden acabar decayendo muchos de estos proyectos.
El Gobierno aprobó in extremis hace un año una ampliación de los plazos para que los promotores renovables puedan obtener algunos permisos intermedios obligatorios (la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa), evitando que cientos de proyectos decayeran entonces por el retraso de las administraciones, y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos. Con los nuevos plazos, la mayoría de proyectos han de contar con esos permisos como máximo a finales de enero de 2023. El atasco administrativo continúa y las compañías temen que la prórroga acabe siendo insuficiente.
La avalancha de proyectos renovables es tal que ha acabado que sigue colapsando las Administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación (el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de grandes proyectos de más de 50 megavatios y las comunidades autónomas para un alud de proyectos de plantas de menor potencia). Los retrasos amenazan con expulsar proyectos que cuentan con un plan de construcción real por incumplir los plazos legales de obtención de autorizaciones intermedias.
Fuente: expansion.com
