La transición energética es un reto de proporciones históricas que obliga a una transformación radical de nuestro modelo energético; y como toda transformación rápida, genera resistencias, tensiones y también, por qué no decirlo, algunas actuaciones inconvenientes. Se ha reflexionado mucho sobre los ganadores y perdedores de la transición energética, pero hay un caso particular dentro de este debate que es el referente a la instalación de plantas de generación renovable en el territorio, generalmente en el mundo rural, que está suscitando oposición en muchos municipios y dando mucho que hablar en los medios de comunicación durante los últimos meses. Hemos escuchado muchas veces la oposición a las macro-plantas o ese eslogan recurrente, renovables sí, pero no así, que suelen usar los críticos con estos desarrollos.
Las energías renovables tienen innumerables ventajas por casi todos conocidas: no emiten CO2 ni contaminantes atmosféricos; ayudan a conseguir un alto grado de independencia energética y que la economía de un país no se vea afectada por los vaivenes en el precio de los combustibles fósiles o por cuestiones geopolíticas; y, por si fuera poco, son la forma más barata de generar electricidad. Pero tienen dos inconvenientes: dependen de que exista recurso natural para producir electricidad, lo que genera cierta intermitencia y obliga a disponer de formas de almacenamiento, y deben ocupar bastante superficie para poder captar la energía de los flujos naturales. Esta última característica genera un impacto en el territorio debido a la ocupación de terreno, a pesar de que las tecnologías renovables son esencialmente inocuas y, en muchas ocasiones, compatibles con otras actividades.
Hay que ser realista y reconocer que los críticos tienen una parte de razón: hay proyectos de parques eólicos o plantas fotovoltaicas que son inadecuados. También hay especulación en algunos casos, y hay ejemplos de malas prácticas en la adquisición de suelo para estos desarrollos, muchas veces producto de relaciones laborales con incentivos perversos. Y, también es cierto, muchas veces los municipios y sus habitantes no reciben los beneficios adecuados por haber prestado un área de su municipio para el imprescindible cambio energético que debemos afrontar como sociedad.
Conocemos esa realidad, no tengan duda. No hay promotor que pase por mi despacho que no escuche de mi boca la necesidad de ser justos con el territorio, de ofrecer beneficios sociales a la población más allá de los ingresos que recauda el ayuntamiento por estos desarrollos y de iniciar siempre cualquier proyecto en coordinación con los alcaldes y con los vecinos. Insisto hasta la saciedad en la necesidad de buenas prácticas y altos estándares del proyecto. Y las empresas, y sus asociaciones, lo entienden y lo aceptan. Lamentablemente, no llegamos a todas ellas; pero, afortunadamente, la legislación está mejorando en este aspecto, con nuevos estándares sociales y medioambientales para la concesión de nueva capacidad de conexión o con decretos-leyes como el que rige en la Comunidad Valenciana desde el año pasado, que zonifica el territorio en función de su nivel de protección medioambiental y evitará desarrollos con impactos inaceptables.
Pero esas razones no justifican determinadas pretensiones que, de asumirse, anularían el proceso de transición energética desde su raíz. Una de las pretensiones es el establecimiento de una moratoria a las instalaciones de parques de generación renovable para ordenar el proceso de autorizaciones. Una paralización de los proyectos renovables es inadmisible en un contexto de emergencia climática que no sólo existe como evidencia científica, sino que está formalmente declarada por nuestras administraciones. España necesita instalar casi 6.000 MW anuales para poder cumplir los planes del PNIEC y una moratoria paralizaría cualquier desarrollo relevante sine die. Porque no nos engañemos, una moratoria de este tipo no se resuelve ni en seis meses ni en un año; podríamos irnos a un proceso de al menos dos, generando un retraso irrecuperable. Recordemos que el año pasado España instaló 3.789 MW de potencia renovable y que, en los nueve meses que llevamos de 2021, sólo hemos instalado 2.100 MW. El retraso que acumulamos es evidente y una moratoria haría imposible alcanzar los objetivos de 2030.
Otro argumento recurrente es el rechazo a lo que se llama macro-plantas o, alternativamente, una idea de fases por las que primero se debe instalar energía solar en tejado y sólo cuando se acabe ese proceso, comenzar a instalar energía solar en suelo. Este último argumento está basado en un desconocimiento claro sobre cuál es la dimensión del consumo energético humano y la capacidad de resolverlo con energía fotovoltaica en los tejados.
El mejor trabajo que conozco respecto a la capacidad solar sobre tejado en España es este macro-estudio europeo del año 2019, que estima una capacidad máxima de generación fotovoltaica sobre tejado en España de 65 TWh. Este enorme potencial representa el 28% del consumo eléctrico actual, una cifra muy importante pero que no llega ni remotamente a cubrir el consumo eléctrico que tenemos actualmente. Es más, como el proceso de descarbonización requiere una electrificación de los actuales consumos energéticos, ese 28% se irá reduciendo progresivamente ¿Saben cuánta energía final consume España teniendo en cuenta todas las fuentes de energía? Más de 1.000 TWh. O sea, llenando todos los tejados de España de paneles solares sólo conseguiríamos solventar el 6,5% del consumo de energía final que tenemos en la actualidad. Por mucho que podamos reducirlo gracias a la eficiencia energética o la racionalización de actividades, nunca podrá solventar más que un porcentaje minoritario de nuestro consumo.
La necesidad de instalar desarrollos renovables más allá de los tejados resulta evidente, y la de hacerlo al mismo tiempo que se potencia el autoconsumo se entiende perfectamente con otro simple cálculo. Para generar esos 65 TWh con fotovoltaica en tejado se necesitaría instalar aproximadamente entre 45 y 50 GW de capacidad solar en esas superficies. El año que hemos instalado más fotovoltaica de autoconsumo en España (2020) fueron casi 600 MW. Aunque pudiésemos duplicar esa cifra, tardaríamos casi 40 años en conseguir llenar todos los tejados, es decir, 40 años para conseguir ese 6,5% de la energía final que consumimos hoy. Y les recuerdo que tenemos que descarbonizar la economía entera en 29 años. Como ven, es absolutamente inviable eso de los tejados primero. No, la emergencia climática requiere que se haga todo a la vez.
Respecto al otro argumento, déjenme contarles mi percepción sobre las macro-plantas. Todavía no me he encontrado a nadie que sepa decir cuántos MW o hectáreas delimitan este concepto ¿Son 500 MW? ¿100? ¿cinco? Si alguien quiere debatir esto seriamente, deberá establecer un límite. Porque si una macro-planta es un desarrollo de 500 MW entonces sí, podemos estar contra ellas e instalar toda la capacidad renovable que necesitamos a base de plantas de menor tamaño. Pero si una macro-planta son las de más de 5 MW (10 hectáreas para un desarrollo fotovoltaico típico), entonces estamos hablando de que hay que construir miles de plantas al año, lo cual resulta inviable a todas luces. Entiéndase que construir 20 plantas de 1 MW requiere mucho más trabajo y tiempo que construir una de 20 MW, y precisamente por eso el récord español de instalación de potencia renovable (6.500 MW en 2019) multiplica por más de 10 el récord de potencia instalada en autoconsumo en un año (600 MW en 2020).
La emergencia climática no es una broma y no podemos acometer regulaciones o normas que la retrasen. No tenemos tiempo, descarbonizar en 29 años es un proceso de envergadura colosal que requiere velocidad de crucero y actuar en muchos ámbitos a la vez. Y el primero de ellos, la base energética misma del proceso de descarbonización que después permitirá todo lo demás (la electrificación del transporte y la climatización, el hidrógeno verde, etc.) es generar energía renovable, limpia y competitiva.
A este respecto, creo que la actual situación de coste de los combustibles fósiles nos está enseñando una dolorosa lección. No perdamos de vista que el coste actual de generar un MWh en un muy eficiente ciclo combinado de gas supera ampliamente los 200/MWh. Generar con eólica o fotovoltaica, en España, tiene un coste que escasamente excede los 30 /MWh. Eso quiere decir que cada MWh adicional que generemos con energía solar o eólica ahorraría en este momento unos 180 euros a la economía española, y tenemos miles de MWh de gas por desplazar cada hora. Es más, si tuviésemos mucha más renovable instalada no sólo ahorraríamos diariamente muchos millones de euros al país, sino que su efecto sobre el sistema marginalista permitiría hundir su precio de casación y evitar este terrible coste para empresas y particulares que amenaza con abortar la incipiente recuperación económica.
En todo caso, estamos obligados a buscar un modelo de desarrollo de instalaciones renovables que sea más atractivo para los territorios, que les ofrezca mayores beneficios y garantías para los mismos, pero eso no se puede hacer ralentizando la instalación de renovables hoy. Habrá que ir mejorando el marco jurídico conforme hacemos e instalamos, porque cualquier otra cosa representa consumir un tiempo que no nos podemos permitir. Podemos debatir cómo y dónde se instalan esas renovables, ése es un debate perfectamente legítimo y adecuado; pero jamás se puede poner en duda que hay que hacerlo y cuánta capacidad hay que instalar. Los objetivos de renovables son irrenunciables.
Déjenme hacer una reflexión final. En el momento que se acepta la evidencia sobre el cambio climático, resulta muy difícil defender que no se debe instalar la cantidad de potencia renovable que tenemos en los objetivos sin lanzarse a los brazos del pensamiento mágico. Tan sólo se me ocurren dos formas coherentes de oponerse a la instalación de energías renovables: la primera, abrazando efectivamente el negacionismo climático; la segunda, proponiendo un desarrollo masivo de centrales nucleares. Intentar oponerse al desarrollo rápido de renovables sin defender una de esas dos opciones resulta un ejercicio de funambulismo argumental insostenible en el tiempo.
Esto nos lleva a un escenario que ya hemos visto en otros países: es casi inevitable que la oposición al desarrollo de energías renovables lo acabe capitalizando la derecha radical, pues son los únicos que tienen un sustento ideológico para hacerlo sin caer en una contradicción insostenible, ya que defienden los dos argumentos expresados en el párrafo anterior. Y esto debería preocuparnos: a quienes están agitando algunos de los argumentos que he comentado en este análisis, porque están alimentando al monstruo probablemente sin ser conscientes; y a quienes defendemos el desarrollo rápido de las energías renovables, porque tenemos que redoblar los esfuerzos para explicar las bondades del cambio, seducir a la sociedad y ofrecerles beneficios tangibles del proceso de descarbonización. La emergencia climática también nos obliga a acertar, porque sólo tenemos una oportunidad para evitar la catástrofe.
Fuente: agendapublica.elpais.com
