El Gasoducto del Sur Peruano, también conocido como SIT Gas, Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur, o Gasoducto Interior, es un proyecto de gasoducto propuesto en Perú diseñado para transportar gas natural desde los yacimientos de gas de Camisea en la cuenca del alto Amazonas hacia la costa del Pacífico peruana.
Ubicación
Desde la planta de separación de Malvinas en los yacimientos de gas de Camisea al norte de Cusco, el gasoducto propuesto tendría una longitud aproximada de 1100 kilómetros, cruzando los Andes y pasando por las regiones de Cusco, Apurímac, Arequipa y Moquegua, en ruta hacia las centrales térmicas a gas de Mollendo e Ilo sobre la costa sur del Pacífico, luego continuaría hacia el sur y el sureste hacia las regiones de Tacna y Puno, sobre la frontera sur de Perú con Chile y Bolivia.
Detalles del proyecto
- Operador: Petroperú
- Empresa matriz: Petroperú
- Capacidad propuesta: 800 millones de pies cúbicos diarios
- Extensión: 1100 kilómetros
- Estado: Propuesto
- Año de inicio: 2024-2026
- Infraestructura asociada:
- Central Termoeléctrica de Ilo
- Central Termoeléctrica Puerto Bravo
- Lote de petróleo y gas 88
- Lote de petróleo y gas 56
- Lote de petróleo y gas 57
Antecedentes
A principios del año 2008, las empresas comenzaron a proponer la construcción de un gasoducto transandino que conectara el gas natural de los yacimientos de Camisea en la cuenca del alto Amazonas con las ciudades y centrales eléctricas sobre la costa del Pacífico peruana.
En el 2010, el gobierno peruano firmó un acuerdo inicial de US$1.33 mil millones con Kuntur Transportadora de Gas (KTG) para la construcción del gasoducto. Sin embargo, finalmente el contrato fue cancelado y se inició una nueva ronda de licitaciones para el proyecto.
En julio de 2014, el gobierno peruano firmó un nuevo contrato de concesión por 34 años, evaluado en por $7 mil millones, para la construcción del gasoducto con el Consorcio Gasoducto Sur del Perú, un consorcio constituido por la firma brasilera Odebrecht (75 %) y la española Enagás (25 %). El contrato de concesión le dio a Enagás la responsabilidad de operar y dar mantenimiento al gasoducto, en tanto que Odebrecht estaría a cargo de la ingeniería, compras y construcción (EPC).
En septiembre de 2015, cuando el gasoducto estaba al 34 % de su construcción, la empresa peruana Graña y Montero pagó US$215 millones Odebrecht para adquirir un 20 % de las participaciones en el consorcio. En este punto, la finalización de la obra en construcción del gasoducto seguía estando prevista para el año 2017. Sin embargo, el proyecto volvió a encontrarse con un importante obstáculo en su desarrollo en marzo de 2016, cuando el CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado a 19 años de prisión por su participación en un importante escándalo de corrupción. Los bancos amenazaron con cortar el financiamiento para el Gasoducto del Sur si Odebrecht seguía siendo parte del proyecto, pero los intentos de buscar un reemplazo bajo el contrato existente fueron infructuosos y gigante empresa de energía estadounidense Sempra y el conglomerado argentino Techint se retiraron de las negociaciones en noviembre de 2016.
Cancelación de contrato con Odebrecht
En enero de 2017, el gobierno peruano anunció que cancelaría el contrato del gasoducto con Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero puesto que el consorcio no había logrado reunir el financiamiento necesario para el proyecto. El gobierno señaló su intención de realizar nuevas licitaciones para la finalización del proyecto pero el cronograma exacto no quedó claro y fuentes de prensa indicaban que llevaría por lo menos un año encontrar nuevos socios y negociar los plazos para un acuerdo remozado para el gasoducto.
En noviembre de 2017, la Ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, anunció el Gasoducto del Sur Peruano pasaría a una nueva licitación hacia finales de 2018, lo que suscitó que algunos analistas se preguntaran si el proyecto realmente sería realizado. Aljovín indicó que los futuros contratos del gasoducto serían cofinanciados por el gobierno peruano y dejarían de depender de los subsidios de los sobrecargos a las facturas de servicios públicos, y destacó que el trazado y el diseño exacto del gasoducto podrían ser modificados a consecuencia de estos cambios en el financiamiento. En diciembre de 2017, Alberto Ñecco, director ejecutivo de ProInversión, una agencia gubernamental para fomento de las inversiones privadas en Perú, confirmó que la nueva licitación para el Gasoducto del Sur Peruano todavía estaba en discusión para el año 2018 y que empresas europeas y estadounidenses seguían manifestado su interés por el proyecto. En enero de 2019, el Ministro de Energía y Minas del Perú, Francisco Ísmodes, afirmó que el proyecto seguía en pie.
A partir de octubre de 2022, los procesos judiciales sobre posibles sobornos por parte de Odebrecht, Graña y Montero y otros actores continúan en curso.
Esfuerzos para reanudar el proyecto
A principios de 2020, numerosos nuevos informes sugerían que el proyecto podría ser retomado, esperándose la divulgación de un estudio de factibilidad esperado en marzo de 2020 y realizado por la consultora Mott MacDonald para explorar las opciones de financiamiento para el gasoducto. En marzo de 2020, el gobernador regional de Cusco Jean Paul Benavente exhortó al presidente peruano Martín Vizcarra que mantuviera su promesa de revivir el gasoducto y ponerlo en operación para la primera mitad del 2022. En julio de 2020, los legisladores peruanos solicitaron la ampliación del proyecto del gasoducto para el sur, hacia Puno, sobre la frontera sudeste de Perú con Bolivia.
En septiembre de 2020, luego que se conociera el estudio de factibilidad de Mott MacDonald, que estimó que el proyecto del gasoducto SIT Gas renovado costaría US$4.5 mil millones, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú anunció la ampliación del gasoducto para que incluyera las regiones del sur —Apurímac, Puno y Tacna—, aparte de las regiones anteriormente anunciadas de Cusco, Arequipa y Moquegua. El viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, indicó que el gobierno llamaría a una licitación del proyecto para la concesión de los derechos de desarrollo durante la primera mitad del año 2021, con el objeto de otorgar un contrato de concesión para julio de 2021, y que el ducto estaría completamente operativo para el 2025 o 2026. Para octubre de 2020, el funcionario del MINEM Miguel Incháustegui informó que el gobierno seguía realizando una evaluación por 35 años de las reservas de gas natural disponibles en Perú como fase inicial para anunciar la licitación a principios del año 2021.
A partir de julio de 2021, se esperaba que el presidente entrante de Perú, Pedro Castillo, se comprometiera nuevamente a desarrollar el gasoducto. En octubre de 2021, la jefa del gabiente ministerial de Castillo confirmó la intención del gobierno de relanzar el proyecto.
En noviembre de 2021, el presidente Pedro Castillo autorizó una transferencia de 29 millones de soles peruanos adicionales para «mejoras a la seguridad energética del país y el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano»; Los críticos ven esto como que el pueblo peruano paga para cuidar un oleoducto abandonado por Odebrecht que no funciona hasta que el gobierno pueda asegurar un nuevo postor para completar el proyecto..
En enero de 2022, una comisión del gobierno propuso que la construcción del gasoducto comenzara en el segunda semestre de 2023, y que las operaciones comerciales se iniciaran progresivamente de norte a sur entre 2024 y 2026. La comisión señaló que el proyecto podría acelerarse mediante la reutilización de tuberías y otra infraestructura de ingeniería del proyecto original de Odebrecht, mientras se basa en el estudio de impacto ambiental original de Odebrecht en lugar de requerir uno nuevo.
En febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania provocó un renovado enfoque en el papel de Perú como exportador de gas natural a Europa. En una entrevista con Gestión, el ex Viceministro de Hidrocarburos de Perú, Víctor Murillo, citó la reactivación del proyecto del Gasoducto SIT como clave para aumentar el potencial de exportación del país, y señaló que el exceso de producción de los lotes existentes (Lote 56 y el Lote 57) podría potencialmente complementarse con un nuevo desarrollo del Lote 58.
En abril de 2022, el Ministro de Energía y Minas de Perú, Carlos Palacios, anunció planes para formar una mesa de trabajo con el objetivo de reactivar el Gasoducto del Sur; al mismo tiempo visó la declaración de un estado de emergencia que dotaría al gobierno de los mecanismos legales necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.
En julio de 2022, una iniciativa legislativa propuso la expansión del gasoducto más al sur, hasta Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, como una necesidad pública, y el proyecto fue discutido de nuevo durante una reunión entre los gobernadores peruanos Germán Alejo Apaza y Kimmerlee Gutiérrez.
Fuente: gem.wiki
