España acaba de abrir una vía rápida para desatascar los proyectos renovables. Una no exenta de riesgos
En un contexto complejo, marcado por la guerra de Ucrania, la crisis energética y las directrices fijadas desde Bruselas, el Gobierno de España acaba de mover ficha para agilizar la tramitación de las instalaciones renovables. El objetivo: abrir una «vía exprés», una suerte de atajo para desatascar parques eólicos y fotovoltaicos. La decisión se ha topado sin embargo con las críticas de técnicos y ecologistas, que se centran no ya en la idea de fondo, sino en el detalle. Es ahí, en la letra pequeña, advierten, donde la medida puede patinar hasta acabar perjudicando a las propias renovables.
¿En qué consiste la medida? ¿Y por qué genera tantos recelos?
Una vía rápida para desatascar las renovables. En líneas generales, así podría resumirse la medida que acaba de adoptar el Gobierno. A finales de diciembre y en sintonía con una directiva europea previa, el Ejecutivo central aprobó un decreto (RDL 20/2022) que libera a los proyectos de instalaciones eólicas y fotovoltaicas de someterse a la evaluación de impacto ambiental, un proceso de nombre clarificador que se encarga de analizar posibles riesgos para el entorno natural.
Del cambio pueden beneficiarse las instalaciones de energía renovable con independencia de su tamaño. El único requisito que les impone para optar a esa “vía rápida” es que no se localicen en espacios protegidos, incluida la Red Natura 2000, en el entorno marino o usen un cableado de más de 15 km que exceda cierto voltaje. En esos casos se mantiene la evaluación ambiental total.
Un paso más allá, pero no el primero. No es el primer paso que el Gobierno da para abrir un «atajo» a las instalaciones renovables. Más bien lo que ha hecho es ensanchar una vía despejada hace meses. Para entenderlo hay que remontarse a marzo de 2022, al inicio de la guerra de Ucrania, cuando el Gobierno aprobó un decreto (RDL 6/2022) que permitía eximir del complejo —y a menudo largo— trámite de evaluación ambiental a las plantas de renovables con ciertas características.
Las instalaciones solares no podían pasar de 150 MW y las eólicas de 75 MW. Además debían localizarse en una zona de baja afección ambiental en un marco trazado por el ministerio. Ahora el Gobierno ha ensanchado aquel camino, borrando las limitaciones de tamaño y el requisito de la afección. La pauta es que no afecten a zonas protegidas o se localicen en entornos marinos.
¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Un procedimiento técnico —al decir del propio Estado— que garantiza que durante la toma de decisión se tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente. Con la evaluación se facilita además que los ciudadanos y otras administraciones afectadas por las instalaciones tengan voz en el proceso.
El cambio que acaba de aplicar el Gobierno ahorra a las instalaciones eólicas o fotovoltaicas ese trámite —siempre y cuando cumplan los requisitos—, aunque exige a sus promotores que presenten un estudio sobre afectaciones ambientales. En el caso de que la Administración considere que ese análisis es insuficiente puede exigir que el proyecto se someta a la evaluación completa.
«Materialmente imposible». La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA) ya ha advertido de los riesgos de esa fórmula. “Se basa la toma de decisiones sin consultar a ningún otro organismo o institución, ni público, apoyándose solo en un estudio realizado por el promotor y el informe de afección que a partir de dicho estudio realizará el ministerio”, avisa el colectivo. Al órgano competente —abunda— solo se le consultará una vez se haya elaborado el informe y dispondrá de 10 días para formular sus observaciones. Si no contesta a tiempo se considera que está de acuerdo con la propuesta. “Es materialmente imposible cumplir el plazo otorgado de respuesta”, alertan.
Las críticas planteadas por los técnicos. No es el único «pero» que la AEEIA ha puesto a la medida. El colectivo ha publicado un extenso comunicado en el que carga con dureza contra una decisión que, a su juicio, “promueve el desmantelamiento temporal del entramado jurídico-normativo que representa la evaluación de impacto ambiental como instrumento de protección ambiental y social, eliminando las herramientas de salvaguardia de las que se disponía”.
La asociación lamenta que la norma recorta la capacidad de participación de los ciudadanos y recuerda que en España se plantean a día de hoy “múltiples megaproyectos fotovoltaicos y parques eólicos con una posible repercusión en varias decenas de miles de hectáreas”. “Los errores que se cometan ahora en su planteamiento y desarrollo serán heridas que sufriremos todos ahora y en generaciones venideras, dado que estos proyectos se plantean a 30 o más años”, zanja.
“Una grave amenaza”. La AEEIA insiste en que la decisión representa “una grave amenaza” para los espacios de la Red Natura 2000, además de suponer “un manifiesto agravio comparativo” con los proyectos que sí han tenido que superar la evaluación de impacto y “consolidar las diferencias” entre proyectos en función de si los tramita el Estado central —encargado de los mayores de 50MW— o las autonomías, caso en el que seguirán sometidas al proceso tradicional. Su advertencia de mayor calado se centra sin embargo en la “inseguridad jurídica” que generará la medida.
“La pretendida reducción de plazos para la autorización de estos proyectos no debe ser a costa de menguar sus exigencias medioambientales”, zanja Íñigo Sobrini, presidente del colectivo profesional en una columna de opinión publicada por el diario ABC: “Se priva a la ciudadanía de su derecho a participar en los procesos de autorización de proyectos que les van a afectar muchos años”.
Fuente: xataka.com
