El plan de California para integrar la red eléctrica de toda la costa oeste del país es una gran idea, capaz de fomentar las energías limpias y reducir costes. Pero debido al reparto de competencias y actores involucrados, la idea podría ser contraproducente.
La red eléctrica ideal extendería cables de alta velocidad a través de vastos territorios para formar enormes redes interconectadas capaces de satisfacer inmediatamente la cambiante demanda del consumidor con energía eólica, hidráulica y solar generada a cientos de kilómetros de distancia (ver Cómo transportar el viento de Wyoming a California, y reducir el 80 % de las emisiones de carbono de los EE. UU.).
Este sueño podría convertirse en realidad si sale adelante un proyecto de ley que propone integrar toda la red eléctrica en toda la costa oeste de EE. UU. Pero debido al reparto de competencias estatales y nacionales del país, algunos expertos legales creen que si sale adelante, California, el estado que está impulsando la medida, podría perder el control sobre su propia red y con ello la capacidad de aplicar algunas de las políticas más estrictas de energía limpia.
Ese peligro es especialmente grave bajo la administración de su actual presidente, Donald Trump. Parece que el Gobierno está trabajando para «distorsionar activamente los mercados de energía y castigar a los estados que intenten priorizar la energía limpia», señala el economista, abogado e investigador de Energía del Instituto Carnegie para la Ciencia (EE. UU.) Danny Cullenward.
Esta situación podría socavar los esfuerzos para crear, expandir o simplemente mantener las redes regionales en todo el país, e impediría que dichas redes sean más económicas y sostenibles.
A día de hoy, la red interconectada del extremo occidental de Estados Unidos está operada por una variedad de entidades estatales y regionales. En lugar de eso, la propuesta de ley crearía una organización regional que supervisaría los mercados de energía en varios estados. California intercambia energía renovable con otros estados. Pero a algunos les preocupa que, si establece acuerdos contractuales con ellos, podría exponer sus políticas de energía limpia a serios desafíos. Básicamente, si el estado intenta limitar el «tipo o cantidad de energía que se produce», los operadores de energía en otros estados podrían alegar que esas leyes entran en conflicto con las normas del Gobierno, según afirmaba un análisis bastante crítico del Comité Judicial del Senado de EE. UU. publicado el mes pasado.
Todo esto podría obstaculizar las agresivas políticas de energía limpia de California, incluidos sus estándares renovables y el programa de límite e intercambio. Eso, a su vez, también podría socavar la competitividad económica de los propios productores de energía del estado.
El proyecto de ley aumentaría «la probabilidad de que California, como el mayor mercado estatal de la región occidental, deba comprar carbón y gas natural, infringiría las políticas climáticas estatales y las metas de energía renovable», indica el informe del comité.
Los autores argumentan que estos riesgos son exagerados, que el proyecto de ley contiene varias disposiciones de seguridad y que las redes regionales han funcionado en otros lugares. Un análisis publicado el año pasado por la Escuela de Derecho de Yale (EE. UU.) argumentó que pasar a un sistema multiestatal no aumentaría la autoridad federal sobre el sistema de California o «abriría la puerta» a desafíos legales, porque el mercado ya se encuentra bajo jurisdicción nacional al participar en el comercio interestatal.
Cullenward reconoce que los operadores de energía en otros estados podrían haber planteado desafíos en el pasado, pero señala que ese no es el punto. Cree que el cambio a un mercado regional formal aumenta significativamente la probabilidad de que lo hagan y aumenta sustancialmente las apuestas si tienen éxito.
Fuente: technologyreview.es
